Había sido impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán, por una disposición de Oscar Parrilli para dar con el paradero de Antonio “Jaime” Stiuso, cuando el actual senador era el titular de la Agencia Federal de Inteligencia.

El juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y al senador oficialista Oscar Parrilli, en una causa en la que habían sido imputados por una presunta “persecución” contra el ex hombre fuerte de la central de inteligencia, Antonio Stiuso, conocido como “Jaime”. La causa fue impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán, a raíz de una disposición de Parrilli cuando era titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para dar con el paradero de Stiuso.

El agente se había desvinculado de la AFI pero la ley de inteligencia prevé la supervisión de las actividades de los ex agentes y, en ese marco, Parrilli dispuso la comparencia de un centenar de espías, entre ellos Stiuso. Como el espía no se presentó, gestionó una “alerta azul” ante Interpol para dar con su paradero, y dispuso otras medidas en sintonía. Stiuso se sintió “perseguido” y advirtió que tal conducta podría significar, además, inteligencia interna en su contra, lo que está expresamente prohibido por la ley.

Pero el juez Ramos descartó tal hipótesis, puesto que “pese a los medios con los que contaba y cuenta la AFI, Parrilli utilizó los resortes legales pertinentes para lograr el objetivo señalado” de la presentación de Stiuso.null

“Se presentó ante la justicia a fin de requerir la emisión de la ‘Alerta Azul’; pidió a las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones que dieran aviso inmediato en caso de tener notificas de Stiuso e, inclusive, solicitó por vía diplomática colaboración a los Estados Unidos, ante la presunción de que el nombrado pudiera estar allí”, abundó.

Según el juez, “tales circunstancias, lejos de enmarcarse en una actividad de inteligencia interna, revela que se utilizaron los mecanismos y herramientas de los organismos estatales correspondientes para intentar ubicar a Stiuso”.

Ramos había declarado la inconstitucionalidad de dos artículos de una resolución firmada por Parrilli que “habilitaba a funcionarios del organismo a requerir la suspensión preventiva de los haberes jubilatorios de los ex agentes, en caso de que no hubieran comparecido a las citaciones cursadas por la agencia”.

“La legalidad y/o legitimidad de la resolución fue sometida al control de constitucionalidad, sin que se advierta la comisión de un ilícito por el sólo hecho de haberse anulado dos artículos”, aclaró el juez.

Además, descartó la persecución porque “la resolución cuestionada no estaba dirigida exclusivamente a Stiuso, sino que más de cien ex agentes comparecieron ante la AFI a realizar sus declaraciones juradas”.

El juez respondió negativamente a la hipótesis delictiva investigada: “establecer si la resolución pudo haber sido redactada, dictada y sancionada con el único fin de ubicar al ex agente Antonio Horacio Stiuso; si ello pudo haber configurado un delito; y si quienes tuvieron por entonces a su cargo la AFI llevaron a cabo tareas de inteligencia en nuestro país, en violación a las prohibiciones establecidas expresamente en la Ley de inteligencia”.

Parrilli explicó que esa misma normativa lo “obligaba” a supervisar y tomar medidas respecto de los ex agentes de inteligencia y “una de las posibilidades para aquellos fines era la de requerir anualmente las declaraciones juradas de los ex miembros de los servicios de inteligencia, a efectos de analizar la evolución de sus patrimonios con relación a sus nuevas actividades y la de solicitar la entrega de información adquirida en razón de sus tareas en la ex SIDE”.

El juez advirtió, además, que otros dos hechos, el hallazgo de una carpeta con información sobre Stiuso en un allanamiento a la casa de la vicepresidenta en el Calafate y una grabación de una conversación telefónica con Parrilli sobre el mismo personaje, están siendo investigados en otros expedientes que no se vinculan con esta denuncia.

Así, dispuso el sobreseimiento de CFK, Parrilli y el ex número dos de la AFI, Mena, así como de otros ex funcionarios: Alberto Daniel Layous, Alejandro Sacchi, Oscar Alfredo Cabana, Gabriel Augusto Acevedo y José Luis Enricci.