En la oficina judicial de Sarmiento se realizó la Apertura de investigación y prisión preventiva por abuso sexual agravado y violencia de género.

Por pedido del funcionario de fiscalía Ezequiel Castro Albornoz, el juez Alejandro Rosales dispuso la medida de prisión preventiva contra un sujeto imputado como presunto autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda y aprovechándose de la convivencia preexistente.

Asimismo, el detenido será investigado por una imputación de lesiones leves agravadas por ser cometidas en contexto de violencia de género. Por último, el magistrado resolvió que la medida de coerción se imponga por el plazo de dos meses.

 En la sala de audiencias de la oficina judicial se desarrolló una audiencia de control de la detención y formalización de la investigación penal preparatoria de juicio. El acto judicial estuvo presidido por el juez Alejandro Rosales. El Ministerio Público Fiscal fue representado por el funcionario Ezequiel Castro Albornoz.

El detenido, en tanto, recibió el asesoramiento técnico del abogado del Ministerio de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzun. También asistió el Asesor de Menores Tomás Malerba. 

En la ocasión, Castro Albornoz informó los hechos que investigará. En este sentido, indicó que los delitos ocurrieron entre los meses de febrero y septiembre de 2019, en esta localidad. Luego requirió que se declare legal la detención del imputado. 

Con respecto a la calificación legal provisoria, el investigador afirmó que se trata de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda y aprovechándose de la convivencia preexistente, en concurso real con lesiones leves agravadas por ser cometidas en contexto de violencia de género. 

En consecuencia, peticionó que se declare legal la detención del imputado y un plazo de seis meses para concluir las tareas de investigación. En otro tramo de la audiencia judicial, el representante de fiscalía describió los riesgos procesales que le permitían efectuar un pedido de aplicación de la medida de prisión preventiva, por el plazo de cuatro meses.

 A su turno, el defensor público no formuló oposición al pedido de detención de la legalidad. Tampoco se expresó en contra del pedido de apertura de investigación. En tanto, propuso un plazo de quince días para que la fiscalía investigue el caso. Asimismo, consideró excesivo la pretensión del Ministerio Público Fiscal, respecto de cuatro meses de aplicación de la prisión preventiva.

Por estas razones, peticionó que se impongan medidas sustitutivas para su asistido. Luego de escuchar las peticiones de las partes, Rosales resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio contra el imputado, en orden a los hechos descriptos y las calificaciones legales provisorias escogidas por el Ministerio Público Fiscal.

En este marco, el magistrado declaró legal la detención del procesado.

Finalmente, otorgó un plazo de dos meses para que la fiscalía termine su investigación. También impuso sesenta días de prisión preventiva y remitió el audio de la audiencia al Juzgado de Familia