Se cumplen 20 años del estallido social del 2001

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El fracaso económico y la parálisis política hicieron estallar el país hace 20 años, precisamente los días 19 y 20 de diciembre. Las cacerolas vacías y ruidosas fueron el instrumento de indignación de toda una sociedad que hasta el día de hoy, vive sus consecuencias.

El estallido económico y social de diciembre de 2001 en Argentina surgió tras una acumulación de años de crisis social, económica e institucional.

Sucedió tras una década de gobierno de Carlos Menem (1989-1999) que se caracterizó por la privatización de empresas estatales, la liberación del sistema financiero y un plan de convertibilidad que se traducía en que un peso era igual a un dólar. Ese modelo generó altos niveles de desempleo, pobreza y una profunda desigualdad entre ricos y pobres.

En 1999 asumió la presidencia Fernando De la Rúa tras crear La Alianza, un acuerdo entre la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario (Frepaso). En medio de un clima enrarecido por las dificultades sociales y económicas que era una olla a presión, el vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez renunció a su cargo en octubre de 2000, profundizando la crisis política en el país.

El hecho más caliente ocurrió el 3 de diciembre de 2001 cuando el ministro Domingo Cavallo y el gobierno de De la Rúa restringieron la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros. En pesos y en dólares.

Las decisiones económicas y la impericia política del gobierno de la Alianza, la presión y las maniobras de la oposición peronista en el conurbano, entre otros factores, determinaron un final de gobierno violento. 

Los argentinos ya venían movilizándose con cortes de rutas y calles -los famosos piquetes-, protestas en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, la sede gubernamental nacional en la Ciudad de Buenos Aires, y en muchos otros puntos del país.

El deterioro social era evidente. En 2001, unos 20 millones de Argentinos (casi la mitad de la población) era pobre y más de dos millones estaban desocupados. La gente tenía hambre y pedía ayuda.

Sin embargo, el gobierno de Fernando de la Rúa decidió extremar sus políticas económicas con más ajuste, en medio de negociaciones con la banca internacional y sobre todo con el Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda y conseguir más préstamos.

En ese contexto, el 19 y 20 de diciembre de 2001 se generó un estallido con una movilización social en todo el país.

Esos días fueron escenario de protestas pacíficas con los famosos cacerolazos, pero también de saqueos y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

El Ejecutivo decidió responder al reclamo declarando una situación de emergencia mediante un decreto de necesidad y urgencia y estableciendo el estado de sitio:

“Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la república aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral”, dijo De la Rúa al anunciar el estado de sitio el 19 de diciembre de 2001.

Esa medida dio lugar a que la policía detuviera a personas y reprimiera a los manifestantes.

 

“Este es el principal problema que tiene ese proceso de represión que habilitó, lamentablemente, el uso de armas de fuego y la consecuencia de que personas perdieran la vida en esas manifestaciones”, analiza Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización defensora de los derechos humanos que también representa a varios de los familiares de las víctimas del 2001. 

Fueron cinco los muertos en la zona de Plaza de Mayo, pero durante esos dos días fueron 39 los fallecidos en el contexto del estado de sitio en todo el país. 

Según explica Morales, la declaración de estado de sitio por parte de De la Rúa fue “ilegítima e inconstitucional”: 

“El estado de sitio lo declara el Congreso. En un supuesto muy excepcional lo puede llegar a decretar el poder Ejecutivo cuando el Congreso está en receso, que son las vacaciones que generalmente van desde diciembre a marzo”, explicó a BBC Mundo.

“Pero casualmente, el Poder Ejecutivo había convocado a sesiones extraordinarias. Entonces el Congreso estaba sesionando bajo esa figura”, añade. “Y segundo, para habilitar un estado de sitio se tiene que dar una situación de emergencia que haga absolutamente imposible la continuación del Estado nación. Esa es otra discusión de fondo importante”, analiza.

En medio de una situación desbordada, el presidente De la Rúa renunció el 21 de diciembre de 2001.