En la audiencia los fiscales pedirán las penas para los ex funcionarios de Chubut que ya fueron condenados como miembros de una asociación ilícita en la que exigían “retornos” para liberar pagos a empresarios de la construcción.

Este viernes se realizará la audiencia en la que los fiscales pedirán las penas para los ex funcionarios de Chubut, que ya fueron condenados como miembros de una asociación ilícita en la que exigían “retornos” para liberar pagos a empresarios de la construcción. En esta oportunidad, los acusadores públicos presentarán la cantidad de años de prisión que esperan según el tipo de delito comprobado para cada imputado, entre los que se cuenta además el decomiso de bienes por alrededor de 800.000 dólares, en el caso de Gonzalo Carpintero, tras comprobarse que se enriqueció ilegalmente.null

Con pedidos que irán desde los 3 a los 10 años de prisión, según los tipos de delito y grados de participación, la audiencia de este viernes permitirá conocer con precisión qué tipo de pena se solicita para, entre otros, Víctor Cisterna, Pablo Oca, Alejandro Pagani  y Martín Bortagaray, en su rol de ex ministros (condenados como miembros de la asociación ilícita y exacciones ilegales o cohecho pasivo, según los casos) durante el gobierno de Mario Das Neves.


Junto a ellos, fueron encontrados culpables también Diego Correa (asociación ilícita y exacciones ilegales) y Gonzalo Carpintero (enriquecimiento ilícito), que se desempeñaron como secretarios privados, además de Diego Luthers (asociación ilícita y exacciones ilegales) y el empresario Martín Castillo (autor del delito de cohecho activo).null


En todos los casos, el delito probado fue el de ser miembros de una participación ilícita, además de exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito.


Tras la audiencia, en la que las respectivas defensas buscarán atenuar las penas, el Tribunal deberá deliberar para determinar, luego de algunos días, la pena finalmente aplicada.

Decomiso de bienes por 800.000 dólares

Para el fiscal Marcos Nápoli, uno de los puntos centrales que buscará en la sentencia es la inhabilitación perpetua para que algunos de los ex funcionarios vuelvan a ocupar, en algún momento, un cargo público.


“Las penas de prisión pueden ser excarcelables, o en algún momento se cumplen y se terminan, pero lo más importante para la sociedad es que ninguna de estas personas vuelva a desempeñarse en un cargo público”, enfatizó el responsable de la acusación, entrevistado por esta agencia luego de conocerse la sentencia condenatoria.


Otro de los puntos emblemáticos del caso es el decomiso o recupero de los bienes del enriquecimiento ilícito, que en el caso de Gonzalo Carpintero asciende a una suma que el fiscal valuó en 800.000 dólares.


“La contadora hizo un gran trabajo y realizó esta valuación en dólares porque con la inflación que tenemos, después de tres años de investigación, los valores a recuperar serían irrisorios”, explicó Nápoli, que pedirá que esos bienes sean recuperados para el Estado provincial.