La Cámara alta sesionará desde las 14 para tratar cambios en desalojos, expropiaciones y manejo del fuego tras el rechazo de la oposición y los gobernadores al capítulo III, referido a la extranjerización de tierras. Victoria Villarruel autorizó a los legisladores Flavio Fama y Anabel Fernández Sagasti a participar de manera remota, aunque deberá convalidarlo la Cámara alta.
El Senado debatirá este jueves desde las 14 el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo cediera en la eliminación del capítulo que permitía la venta de tierras rurales a extranjeros debido al rechazo de los gobernadores y a la falta de votos.
La iniciativa impulsa modificaciones profundas al Código Civil y Comercial con el fin de agilizar los desalojos de inmuebles usurpados, fija nuevos límites a las expropiaciones del Estado, flexibiliza las normas sobre terrenos incendiados y facilita la entrega de escrituras de viviendas únicas.
El Gobierno debió retirar el punto que fijaba un tope del 25% para la compra de campos por parte de firmas internacionales por la oposición de los mandatarios provinciales.
Previamente, la bancada oficialista tuvo que dar de baja los cambios en la ley de barrios populares ante las críticas de la Iglesia frente al temor de que pudieran ocurrir desalojos masivos.
Antes de la discusión del texto central, el pleno de la Cámara alta resolverá los pedidos de participación a distancia presentados por dos legisladores.
La senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti solicitó intervenir de manera virtual porque atraviesa la semana 32 de su embarazo, mientras que el senador por Catamarca Flavio Fama requirió la misma modalidad a raíz de una cirugía de rodilla.
Ambas solicitudes contaron con el aval inicial de la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero la decisión final requiere la convalidación en el recinto.
La votación abrirá un debate político entre las bancadas sobre si la aprobación de la presencialidad remota exige mayoría simple o el respaldo de los dos tercios de los senadores presentes.
El dictamen oficial modifica los mecanismos de desalojo, las expropiaciones y el uso del sueloEn materia de ocupaciones ilegales, el texto establece un procedimiento de desalojo exprés para terrenos o viviendas usurpadas.
Un juez podrá ordenar la entrega inmediata del bien dentro de las 72 horas si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”, mientras que para los inquilinos morosos fijará un plazo de al menos 10 días tras recibir la notificación formal.
Respecto a las expropiaciones, la declaración de “utilidad pública” se aplicará de forma restrictiva y el Estado deberá fundamentar con claridad sus motivos.
Además, el proyecto impone un tope del 30% de indemnización por ganancias no percibidas y fija una tasa de interés basada en la inflación más la tasa a 30 días del Banco Nación.
En cuanto a la ley de manejo del fuego, la propuesta deroga la prohibición de 30 años para cambiar el uso agrícola o ganadero de campos quemados.
Para los bosques nativos arrasados por incendios, la norma mantiene el veto al cambio de destino, pero elimina el límite previo de 60 años.
