Se realiza a través del IMEI, un código único que identifica a cada dispositivo en el mundo. El Ministerio de Seguridad Nacional convocó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse para extender el sistema a establecimientos penitenciarios de su jurisdicción.
El Gobierno oficializó la creación del Programa para la Detección y Bloqueo de telefonía móvil en establecimientos penitenciarios, con el objetivo de prevenir, disuadir y neutralizar conductas vinculadas al uso de tecnologías de telecomunicaciones “a fin de impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas que pongan en riesgo la seguridad pública”.
La medida se implementó a través de la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Alejandra Monteoliva.
Cómo funciona el Programa para la Detección y Bloqueo de telefonía móvil en cárceles.
El mecanismo alcanza tres elementos de cada dispositivo detectado: el IMEI, que identifica al aparato; el IMSI, asociado a la línea; y el número telefónico vinculado.
Una vez identificados dentro de una cárcel, esos datos se remiten a las compañías de telefonía móvil, que quedan obligadas a bloquearlos.
La adhesión al programa será voluntaria para cada jurisdicción provincial, que además deberá asumir los costos de compra, instalación, mantenimiento y supervisión de los equipos de detección.
La Subsecretaría de Articulación Federal quedó a cargo de gestionar el esquema con las provincias que decidan sumarse, mientras que el Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como única ventanilla para trasladar los pedidos de bloqueo a las empresas prestadoras.
Esto implica que ninguna provincia podrá, por sí sola, ordenar la inhabilitación de una línea ante las telefónicas.
El procedimiento comienza con la detección de los equipos que se activen dentro de áreas de detención o sectores de acceso restringido.
Una vez identificados sus códigos IMEI e IMSI, el ministerio provincial con competencia penitenciaria deberá reportarlos al sistema federal mediante la ventanilla única del Ministerio de Seguridad Nacional.
A partir de esa información, la cartera nacional enviará la solicitud a las empresas prestadoras del servicio móvil. Las operadoras tendrán un plazo máximo de 48 horas para confirmar la ejecución del bloqueo una vez que reciban el pedido formal.
El Servicio Penitenciario Provincial deberá realizar el monitoreo remoto de los equipos de detección y comunicar de inmediato cualquier incidente. El protocolo también establece mecanismos de auditoría para controlar el cumplimiento del procedimiento.
La normativa contempla, además, la habilitación de sectores destinados a la guarda de dispositivos para personal autorizado, entre ellos agentes penitenciarios, magistrados, abogados, representantes de organismos de control y miembros diplomáticos o consulares. Estos espacios deberán ubicarse fuera de las áreas alcanzadas por el sistema de detección.
