La jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió sobreseer al expresidente Mauricio Macri, a su exasesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y a otros exfuncionarios de su gobierno en la causa conocida como “Mesa Judicial macrista”.
Se les acusaba de presionar a jueces y armar supuestas causas contra la oposición. Esta resolución se da en medio de un debate sobre el “lawfare” y ha generado controversia en el ámbito político.
La jueza Capuchetti, en su fallo, destacó que no existió delito en este caso y resaltó que los magistrados y fiscales supuestamente presionados no denunciaron los hechos en su momento ni cuando declararon. Enfatizó que los denunciantes son profesionales del derecho, conocedores de la ley y con la responsabilidad de denunciar cualquier delito que se presente.
La jueza también consideró que los comentarios realizados por los dirigentes en la prensa sobre los magistrados no pueden ser considerados como “presión”, ya que los miembros del sistema judicial están sujetos a un escrutinio público y es común que sus decisiones sean objeto de debate en los medios de comunicación. Esto, según la jueza, contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas.
Asimismo, la jueza rechazó la interpretación de que las investigaciones abiertas en el Consejo de la Magistratura fueran una forma de presionar a los jueces. Consideró que estos mecanismos son necesarios para analizar y evaluar el trabajo de los funcionarios judiciales.
Después de una extensa investigación de más de cuatro años, la magistrada concluyó que no existen pruebas suficientes que demuestren la existencia de una asociación ilícita. En base a esto, decidió sobreseer al expresidente Macri, a los exministros Triaca y Garavano, al exsubsecretario Mahiques, al exsecretario Clusellas, a la exdiputada Ocaña y al asesor Rodríguez Simón.
El fallo de la jueza Capuchetti fue firmado antes del inicio de la feria judicial de enero y ya ha sido apelado por el fiscal Franco Picardi. Rodríguez Simón, por su parte, enfrenta otra denuncia por parte de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes lo acusan de participar en una “asociación ilícita” para desapoderarlos de su grupo empresarial.
