Las centrales hidroeléctricas El Chocón-Arroyito, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila tienen sus concesiones finalizadas desde el año pasado y actualmente operan bajo autorizaciones transitorias. Con esta prórroga, las autoridades de Energía planean licitar la operación y mantenimiento de las usinas a partir de marzo, marcando así la primera privatización llevada a cabo por el Gobierno de Javier Milei.
Según la resolución 2/24 emitida por Rodríguez Chirillo, se amplía el “período de transición” de El Chocón-Arroyito, Alicurá y Cerros Colorados hasta el 19 de marzo, y el correspondiente a Piedra del Águila hasta el 28 de abril. Durante este tiempo, los operadores privados actuales seguirán a cargo de las centrales y deberán cumplir con todas las obligaciones derivadas del contrato de concesión.
La empresa estatal Enarsa continuará actuando como “veedora” para todas las usinas, teniendo la capacidad de asistir a reuniones y examinar la documentación de cada concesionaria. Además, podrá solicitar informes y realizar todas las acciones necesarias para asegurar el correcto desempeño de su función.
Las centrales hidroeléctricas del Comahue fueron construidas entre 1972 y 1999, financiadas con créditos internacionales y recargos tarifarios. Durante la gestión de Carlos Menem, fueron concesionadas por 30 años a empresas privadas, algunas de las cuales están actualmente en manos de grupos extranjeros y compañías locales.
A diferencia del plan inicial del ex ministro de Economía Sergio Massa, que buscaba que las centrales fueran operadas por Enarsa con participación de los gobiernos provinciales, la administración actual se muestra a favor de volver a privatizar el manejo y mantenimiento de las usinas hidroeléctricas sin la intervención de las provincias patagónicas.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, tiene como objetivo tener definidos los nuevos pliegos licitatorios para mediados de marzo, con el fin de seleccionar a los nuevos concesionarios por un plazo de 20 a 25 años. Además, el Gobierno ha recibido el apoyo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo cual ha sido fundamental para superar obstáculos económicos y legales en el proceso de privatización.
