En una audiencia que tuvo lugar en la Oficina Judicial de Trelew, Natalia Soledad San Martín (22) enfrenta cargos como partícipe necesaria en un caso de chantaje, en el que se exigieron pagos para evitar denuncias. Este inquietante episodio se desarrolló entre junio de 2021 y enero de 2022, involucrando comunicaciones en redes sociales y transferencias de dinero.
La Fiscal Rita Barrionuevo requirió la formalización de la investigación penal preparatoria de juicio contra Natalia Soledad San Martin (22), acusada como presunta partícipe necesaria del delito de chantaje.
En tanto, otras dos mujeres involucradas en el caso, no se presentaron a la audiencia de apertura de la investigación penal preparatoria de juicio. En consecuencia, la representante de Fiscalía solicitó la programación de un nuevo acto judicial a los mismos fines y efectos, bajo apercibimiento de ser conducidas por la fuerza pública. El Ministerio Público Fiscal obtuvo un plazo de seis meses para concluir la investigación.
El relato comienza en la red social Facebook, donde la víctima entabló contacto con una usuaria identificada como “Aldana Gutiérrez”. Esta comunicación se trasladó a WhatsApp, donde se compartieron fotos y videos íntimos.
El 20 de agosto de 2021, el denunciante recibió una llamada de WhatsApp de una persona que se identificó como “Danilo Sepúlveda”. Esta persona afirmó ser el abogado de la familia de “Aldana Gutiérrez” y declaró que los padres de la joven habían descubierto la situación. Exigieron una suma de 130.000 pesos para “arreglar” el asunto, amenazando con presentar una denuncia. Además, mencionaron que, debido a la edad de la joven, la causa penal podría resultar en una pena de prisión.
Para evitar la denuncia, la víctima accedió a la demanda y transfirió el dinero al número de cuenta proporcionado por el supuesto abogado. Este número de cuenta pertenecía a Natalia Soledad San Martín, la imputada en este caso.
Una semana después, el denunciante fue contactado nuevamente por el individuo que se hacía pasar por abogado de la familia Gutiérrez. En esta ocasión, le informaron que la menor de edad se encontraba internada y que habían iniciado acciones penales en su contra por “grooming” y “pornografía infantil”. La suma exigida se elevó a 300.000 pesos, a realizarse en dos pagos.
El número de CBU al que se enviaron las transferencias pertenecía a una cuenta bancaria a nombre de una de las mujeres investigadas que no asistió a la audiencia.
Además, se reveló que el 20 de septiembre de 2021, la víctima recibió un mensaje de WhatsApp de alguien que se identificó como “Daniel Báez”. Afirmó ser fiscal y le solicitó una nueva transferencia bancaria para archivar el caso que había llegado a su oficina.
El Juez Ariel Quiroga resolvió hacer lugar al pedido de formalización de la investigación preparatoria de juicio contra Natalia San Martín en orden a los hechos narrados y la calificación legal provisoria propuesta por la Fiscalía. Asimismo, otorgó el plazo de seis meses de investigación y requirió al personal policial de la ciudad de Puerto Madryn que active el protocolo de identificación para registrar los datos de la imputada.
