La Policía Federal Argentina realizó un allanamiento en la Municipalidad de San Martín, mientras que la justicia prohibió la salida del país al intendente Fernando Moreira, tras una investigación por cobros irregulares con tarjetas de débito.
La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo un allanamiento en la Municipalidad de San Martín, luego de descubrirse un esquema de cobros fraudulentos con múltiples tarjetas de débito. La jueza federal Alicia Vence ordenó tanto el allanamiento como la prohibición de salida del país para el intendente Fernando Moreira.
Este operativo surgió a raíz de una investigación que comenzó con la sospecha de que un empleado municipal estaba cobrando salarios con varias tarjetas de débito. La situación recordó al famoso caso «Chocolate» Rigau en La Plata, donde también se detectaron cobros irregulares similares.
El allanamiento tuvo como objetivo recolectar información sobre los empleados verdaderos y verificar aquellos que supuestamente estaban cobrando sin ser empleados reales. Esta acción judicial se relacionó directamente con un empleado del Consejo Deliberante, quien estaba recibiendo salarios con tarjetas de débito de presuntos trabajadores municipales inexistentes.
La causa se inició en diciembre pasado, cuando un hombre denunció que su plan social del Ministerio de Desarrollo Social fue interrumpido. El motivo de la suspensión se debió a que el hombre figuraba como empleado municipal y percibía alrededor de 300 mil pesos por mes, lo cual era incompatible con el beneficio social.
La investigación reveló que una persona tenía en su poder varias tarjetas de débito y retiraba dinero de un cajero cercano al Concejo Deliberante, utilizando los nombres de empleados ficticios del municipio. La pesquisa mostró que había personas que no estaban al tanto de su situación y figuraban como empleados municipales, permitiendo así que otros cobraran salarios en su nombre.
Como resultado de estas irregularidades, la jueza Vence impuso la prohibición de salida del país para cinco personas, incluyendo al intendente Fernando Moreira. Este allanamiento y las medidas restrictivas indican la gravedad de las irregularidades descubiertas en la administración municipal.
Las autoridades continúan investigando el alcance total de este esquema fraudulento y las posibles implicancias para otros funcionarios municipales. La situación ha generado una profunda preocupación en la comunidad local y en las esferas gubernamentales.