La presidenta peruana, Dina Boluarte, promulgó una ley que exime a los partidos políticos de responsabilidad penal en casos de corrupción, generando cambios significativos en el Código Penal del país.
Dina Boluarte firmó la normativa aprobada por el Congreso, que tiene como fin evitar que las organizaciones políticas sean procesadas o disueltas por delitos de corrupción. Esta ley, que modifica la responsabilidad administrativa de personas jurídicas durante el proceso penal, fue publicada en la gaceta de normas legales del diario oficial El Peruano.
La nueva ley busca optimizar la democracia representativa y establecer medidas contra la corrupción en las organizaciones políticas. Según el artículo sobre medidas aplicables a personas jurídicas, sólo se aplicará el régimen sancionador previsto en la ley de organizaciones políticas. Esto significa que la responsabilidad penal se aplicará individualmente a los sujetos implicados en ilícitos, sin afectar a los partidos como entidades.
Además, las medidas administrativas tampoco incluirán la disolución de partidos políticos. Estas medidas se remiten al régimen sancionador de la ley de partidos políticos. La promulgación de esta ley ocurre semanas antes de que Keiko Fujimori, lideresa del partido opositor Fuerza Popular, enfrente un juicio oral por presunto lavado de activos. La fiscalía alega que Fujimori usó su partido para formar una organización criminal y recibir aportes ilícitos durante sus campañas electorales. Además de la pena de 30 años de cárcel, la fiscalía pide la disolución de su partido.
El Poder Judicial de Perú también amplió por 14 meses la prisión preventiva de Pedro Castillo, expresidente entre 2021 y 2022, procesado por intentar dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. La ampliación de su prisión preventiva se extenderá hasta el 6 de agosto de 2025, según detalló el Poder Judicial en la red social X.
El plazo ampliado de prisión preventiva responde a que el proceso contra el exmandatario está en etapa intermedia. La medida se computará del 7 de junio de 2024 hasta el 6 de agosto de 2025. Castillo, actualmente procesado por presunta rebelión y otros delitos, deberá permanecer encarcelado hasta que se resuelva su situación judicial.
La promulgación de esta nueva ley y la extensión de la prisión preventiva a Castillo reflejan un período turbulento en la política peruana, con implicaciones significativas para el futuro del país.
