Esta medida, en línea con la actual política energética, busca promover un mercado eléctrico más competitivo y reducir la intervención estatal.
El Gobierno liderado por Javier Milei tomó la decisión de restarle poder a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA), impidiéndole suscribir contratos de abastecimiento de energía eléctrica.
Esta medida, en línea con la actual política energética, busca promover un mercado eléctrico más competitivo y reducir la intervención estatal. Sin embargo, esta acción ha generado incertidumbre en el sector sobre cómo se llevarán a cabo las labores que CAMMESA desempeñaba desde hace casi dos décadas.
El Gobierno, a través de la Resolución 150/2024, derogó la Resolución 2022 de 2005, limitando las facultades de CAMMESA en la suscripción de contratos de abastecimiento de energía eléctrica, como el Programa RenovAr o RenMDI. Esta medida busca encausar gradualmente al sector eléctrico nacional hacia mecanismos de eficiencia en el costo de generación y su remuneración asociada, fomentando la libertad y competencia en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y contribuyendo a una mayor eficiencia y sostenibilidad económica.
Sin embargo, esta decisión plantea diversos desafíos para la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo. La principal interrogante radica en cómo desmantelar la cantidad de normas e instrucciones regulatorias que se fueron estableciendo en los últimos 20 años. Además, surgen otras interrogantes como cuál será la cantidad mínima de energía a comprar, cómo se realizará el despacho de esa energía y cómo se definirán los niveles de subsidios y a quién se les pagarán.
Omar Zorzenon, coordinador de la Comisión de Política Energética de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), expresó su preocupación ante esta medida. Aseguró que la eliminación de CAMMESA como intermediario en el mercado eléctrico generará la aparición de nuevos jugadores, lo que implicará un desafío para resolver temas complejos como la compra de energía, el despacho y los niveles de subsidios.
El sector cooperativo también se verá perjudicado por esta medida, ya que la reducción de regulación implica un aumento de costos que exceden el valor agregado de distribución (VAD), afectando los ingresos de las cooperativas eléctricas. Cada incremento de costos implica menos margen para cobrar el VAD, lo que afecta directamente la sustentabilidad económica de las provincias.
Esta decisión se alinea con la recientemente aprobada Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, que busca liberar la comercialización, competencia y ampliación del mercado eléctrico, brindando a los usuarios finales la libertad de elegir su proveedor de energía eléctrica.
No obstante, aún queda por resolver cuál será la alternativa que tomará la Secretaría de Energía para sustituir el esquema y las labores que CAMMESA desempeñaba durante casi dos décadas. Esta incertidumbre genera preocupación en el sector eléctrico argentino, que espera definiciones claras y acciones concretas para garantizar un funcionamiento eficiente y sostenible del mercado eléctrico.
