La medida fue establecida por decreto y rige desde el 1° de febrero de 2026, aplicándose sobre los haberes correspondientes al mes de enero.
El incremento alcanza a ministros, secretarios y subsecretarios, y se basa en los porcentajes acumulados de las paritarias del sector público nacional entre enero de 2024 y julio de 2025.
Según se informó, el objetivo es reordenar la estructura salarial del Estado y actualizar ingresos que habían quedado desfasados frente a la inflación.
Con la actualización, los ministros nacionales pasaron de percibir un salario bruto de aproximadamente $3.584.000 a montos que rondan entre $5.800.000 y $6.600.000 brutos mensuales, lo que representa un incremento acumulado de entre 62% y 85%, según el cargo y la categoría.
En términos netos, los ingresos se ubican por encima de los $4.800.000.
En el caso de los secretarios, los salarios brutos también superan los $5.000.000, mientras que los subsecretarios registraron subas en línea con la misma escala de recomposición.
Desde el Ejecutivo se aclaró que el aumento no es retroactivo y que la continuidad de futuras actualizaciones quedará sujeta a la situación fiscal del Estado nacional.
Quedaron expresamente excluidos de esta medida el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes mantienen sin cambios sus haberes.
Actualmente, el Presidente percibe un salario bruto cercano a los $4.066.000, mientras que la Vicepresidenta cobra alrededor de $3.764.000.
La decisión generó repercusiones políticas y sociales, en un contexto económico marcado por el ajuste del gasto público, la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, y el debate sobre los ingresos de la dirigencia política.
Desde el Gobierno sostienen que la actualización responde a criterios de transparencia, orden administrativo y jerarquización de la función pública, mientras que distintos sectores cuestionan la oportunidad de la medida frente a la situación económica general del país.
