El proyecto de ley ómnibus presentado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso ha generado controversia debido a las modificaciones sustanciales propuestas a la Ley Micaela.
Estas modificaciones incluyen cambios en el alcance de la norma, la autoridad de aplicación y los destinatarios de las capacitaciones en género. Especialistas y activistas advierten que estas propuestas representan un retroceso en la lucha contra la violencia de género y una reducción en los estándares internacionales que el Estado debería cumplir.
Una de las modificaciones más notorias es el cambio en el alcance de la norma. Según el proyecto de ley, la capacitación en género ya no sería obligatoria para todos los trabajadores, sino únicamente para aquellos que se desempeñen “en los organismos competentes en la materia”.
Esto implicaría que muchas reparticiones dejarían de recibir capacitación obligatoria, incluyendo a la Justicia, lo cual genera preocupación debido al papel fundamental que desempeña en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
Otro cambio importante propuesto es la eliminación del Instituto Nacional de las Mujeres como autoridad de aplicación de la Ley Micaela, reemplazándolo por el Ministerio de Capital Humano. Esto implica que este ministerio tendría el control tanto de los contenidos de las capacitaciones como de las decisiones relacionadas con las mismas. Especialistas advierten que este cambio puede resultar en un retroceso de casi 20 años en materia de violencia contra la mujer y de género.
La Ley Micaela, sancionada en 2018, establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los tres poderes del Estado. Sin embargo, las modificaciones propuestas por el Gobierno de Milei buscan cambiar el enfoque de la norma, limitar su alcance y cambiar la autoridad de aplicación, lo cual genera preocupación en la sociedad civil y en los sectores comprometidos con la lucha contra la violencia de género.
