Tras una contundente victoria en las elecciones legislativas de octubre de 2025, el gobierno del presidente Javier Milei se prepara para impulsar una reforma laboral en el Congreso Nacional.
Este nuevo capital político, que otorgó al oficialismo un respaldo considerable en ambas cámaras, busca capitalizar el impulso electoral para avanzar con una agenda de reformas estructurales que habían encontrado obstáculos en los primeros años de mandato.
El proyecto representa para el oficialismo la conclusión de una parte importante de una “batalla ideológica” sobre el futuro del modelo socioeconómico argentino y es una pieza clave del plan macroeconómico del gobierno para reducir costos empresariales y estimular la inversión.
La propuesta legislativa, que retoma el núcleo de ideas del DNU 70/2023 y la Ley de Bases, apunta a una modificación sustancial de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), redefiniendo las reglas fundamentales de las relaciones laborales.
Los principales ejes se centran en introducir flexibilidad, individualizar las relaciones contractuales y reducir los costos para los empleadores, según lo manifestado por el gobierno y el sector empresarial.
Ejes de la reforma: Flexibilidad y reducción de costosEl proyecto aborda la negociación colectiva, buscando priorizar los convenios por empresa sobre los acuerdos por rama de actividad y eliminando la “ultraactividad” de los convenios colectivos, un reclamo histórico del sector empresarial que implicaría la no vigencia de sus términos una vez expirados.
En cuanto al contrato individual, se introduciría el “salario dinámico por mérito”, que permitiría aumentos variables basados en el desempeño, y se establecería la “libertad contractual” para pactar salarios en cualquier moneda.
Además, se planea una extensión significativa del período de prueba, que podría llegar a 12 meses para microempresas, facilitando despidos sin causa y con costos reducidos.
La gestión del tiempo de trabajo también sufriría cambios, con la implementación de “bancos de horas” y la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias, respetando un descanso mínimo entre jornadas.
El régimen de vacaciones permitiría al empleador fijar fechas con 21 días de antelación y fraccionar el descanso anual en períodos no menores a una semana.
Dentro del proyecto, se planea también recuperar la opción de abonar una porción del salario a través de prestaciones no dinerarias.Una motivación central es la reducción de los costos laborales y la litigiosidad.
Para ello, se propone limitar la actualización de las deudas laborales en juicios a la tasa de inflación (IPC) más un interés del 3% anual, buscando reducir drásticamente los intereses punitorios.
El régimen de licencias por enfermedad se volvería más estricto y se promovería la sustitución de la indemnización por despido por un “Fondo de Cese Laboral”, similar al de la UOCRA, con aportes mensuales del empleador.
Asimismo, se derogarían las multas por registración laboral deficiente.Voces a favor y en contra de la propuesta.
El presidente Milei defiende la reforma como una ruptura con un “régimen laboral contractual vigente que tiene más de 70 años” y sostiene que flexibilizar las condiciones permitirá formalizar a trabajadores informales.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, apoya la necesidad de “mejorar la productividad interna para las empresas” y “ajustar las condiciones de trabajo a la realidad de cada compañía”.
La Unión Industrial Argentina (UIA) ha sido un activo promotor de estas medidas, considerándolas clave para reducir la “litigiosidad” y sentar bases para “nuevas contrataciones más simples y sostenibles”.
Sin embargo, advierten que aún quedan puntos prioritarios pendientes, como la eliminación total de la ultraactividad.Frente a esta ofensiva, las centrales sindicales, como la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), han calificado la propuesta como una “reforma laboral regresiva y contraria a las y los trabajadores”.
Su estrategia incluye la acción judicial –con éxito previo en la suspensión del capítulo laboral del DNU 70/2023– y la movilización política y social.
Argumentan que este tipo de reformas no generan empleo, sino que lo precarizan, y alertan sobre un aumento de la desigualdad y la posible colisión con el principio de progresividad de los derechos sociales, consagrado en la Constitución Nacional y tratados internacionales.
En el ámbito legislativo, la oposición presenta un frente fragmentado. Mientras Unión por la Patria mantiene un rechazo intransigente, bloques como la Unión Cívica Radical y otros “dialoguistas” muestran una postura más ambigua, abriéndose a la negociación parlamentaria.
La habilidad del oficialismo para negociar con estos sectores, cediendo en puntos secundarios sin alterar el núcleo de la reforma, será determinante para su éxito en el Congreso.
El debate sobre esta reforma laboral se perfila como un momento decisivo para el gobierno de Javier Milei y el futuro del trabajo en Argentina.
Punto por punto-Jornada laboral: El proyecto contempla una ampliación de la jornada laboral, que podría extenderse hasta un máximo de doce horas diarias.
Esto modifica el límite actual de ocho horas-Vacaciones:
Se permitiría el fraccionamiento del período de vacaciones, lo que habilita a los trabajadores a tomar sus días de descanso en partes, según acuerdos que se establezcan-Salario en especie: Se recupera la opción de abonar una porción del salario a través de prestaciones no dinerarias, como vales de comida o canastas de alimentos, un sistema conocido como “ticket canasta”-Indemnizaciones en cuotas: Para las pequeñas y medianas empresas, se establece la posibilidad de abonar las indemnizaciones y multas derivadas de sentencias judiciales en hasta doce cuotas mensuales-Incentivos fiscales: El texto se enfoca en otorgar beneficios fiscales a las pequeñas y medianas empresas para fomentar la contratación de nuevo personal, en una suerte de régimen de incentivo para inversores de menor escala-Flexibilización de convenios: La propuesta autoriza la implementación de sistemas de banco de horas y otros esquemas laborales flexibles, los cuales se podrán negociar mediante los convenios colectivos de cada sector.
FUENTE : DIARIO CRÓNICA C.R
