La Fiscalía formuló cargos contra C.B.(29) y G.C.(23), imputados como presuntos autores de los delitos de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y tenencia ilegítima de arma de guerra.
Según informaron mediante el legajo de investigación, los jóvenes fueron detenidos luego de un control vehicular efectuado por personal de la Gendarmería Nacional, sobre la ruta nacional 40 y el acceso norte de Río Mayo.
En ese procedimiento, los gendarmes hallaron dos armas de fuego en el vehículo de los procesados. Asimismo, indicaron que los imputados no contaban con la documentación legal que autoriza la tenencia de armas de fuego.
La audiencia de control de la detención se desarrolló esta mañana en la sala de audiencias n°1 de la oficina judicial de Sarmiento.
En la oportunidad, la funcionaria Tamara Bernardi, informó que el hecho a investigar se registró el jueves 12 de marzo a las 17:48 en la intersección de la ruta nacional n° 40 y el acceso norte a la ciudad de Río Mayo.
En ese marco, el personal de Gendarmería Nacional, Escuadrón nº 38 realizaba un control vehicular de rutina.
Durante el procedimiento, solicitaron la documentación de un rodado marca Volkswagen, modelo Gol, conducido por GLC, quien viajaba acompañado de CJPB.
Según consta en el informe presentado ante el juez Alejandro Rosales, los gendarmes hallaron en la parte posterior de la cabina, debajo de los asientos una carabina calibre 22, marca “Halcón”.
Asimismo, en la parte interna de la guantera, los funcionarios militares encontraron un revólver y dos municiones calibre 38. A ello, agregaron que los detenidos no contaban con la documentación que respalde la autorización correspondiente para su tenencia.
Por otra parte, los representantes del Ministerio Público Fiscal, requirieron la declaración de legalidad de la detención y un plazo de seis meses para finalizar la investigación.
Por su parte, las defensoras públicas, solicitaron aclaraciones respecto de las diligencias de control realizadas por los gendarmes.
Asimismo, adelantaron la propuesta de una reparación económica por parte de uno de los imputados.
Así las cosas, el magistrado resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio contra Cardozo y Benegas, en orden a los hechos presentados y la calificación legal provisoria propuesta por los investigadores.
También hizo lugar a la propuesta de una reparación económica en favor del hogar de ancianos “marí-marí peñí”.
