La denuncia fue motivada por expresiones agraviantes por parte de la edil en redes sociales según señaló el medio RioMayo 1935.
El gerente de Cablecanal Río Mayo, Pablo Soto Giménez, presentó una nota ante el Concejo Deliberante solicitando la aplicación de sanciones disciplinarias contra la presidenta del cuerpo, Silvia Muñoz, luego de un conflicto que comenzó con un pedido institucional de información y terminó en un posteo en Facebook con fuertes descalificaciones.
La sesión se desarrolló este jueves 30 de octubre de 2025, sin debate durante el tratamiento del tema, hasta que el propio denunciante pidió, en la hora de preferencia, que el Concejo defina públicamente qué hará con su presentación.
Durante la sesión ordinaria realizada hoy en el recinto deliberativo, se dio ingreso a la nota presentada por Pablo Soto Giménez, gerente de Cablecanal Río Mayo, quien solicitó la intervención del cuerpo por expresiones públicas que —según expone— lo habrían afectado personalmente y que atribuye a la presidenta del Concejo, Silvia Muñoz, a través de una publicación en redes sociales.
La presentación, ingresada por mesa de entradas y formalmente registrada, pide que el Concejo evalúe la aplicación de medidas disciplinarias en el marco de la Ley XVI N°46 de Corporaciones Municipales.
Esa norma, en su artículo 60 inciso 7, faculta al Concejo a aplicar sanciones disciplinarias a los concejales. Los artículos 120 al 123 establecen que las sanciones posibles son la amonestación o la destitución con causa, y que cualquier proceso de ese tipo requiere una mayoría especial de dos tercios del cuerpo.
El origen del conflicto se remonta al 26 de agosto de 2025, cuando el Concejo Deliberante, mediante la nota N°158/2025 dirigida a Pablo Soto y firmada por los concejales Silvia Muñoz, Gustavo Inostroza, Leonardo Silva y Micaela Selesky, solicitó al medio local que “facilite los reclamos formales” mencionados en una publicación de su página de Facebook.
En ese posteo, Cablecanal había informado sobre reclamos de vecinos hacia el Ministerio de Seguridad del Chubut por la selección del personal del Centro de Monitoreo.
A pesar de que la cuestión correspondía directamente al ámbito del Ministerio de Seguridad —organismo responsable de la convocatoria y selección del personal—, el Concejo Deliberante intervino pidiendo explicaciones al medio y solicitando detalles que incluían la identificación de los vecinos involucrados.
Esa decisión generó sorpresa, ya que el cuerpo no tenía injerencia ni competencia directa sobre la problemática ni sobre las acciones del ministerio provincial.
En paralelo, Cablecanal Río Mayo venía realizando gestiones formales con el Ministerio de Seguridad mediante correos electrónicos, pidiendo precisiones sobre la selección de personal y evacuando las dudas que habían surgido en la comunidad.
Es decir, el medio ya estaba tramitando las respuestas por la vía institucional correspondiente.
El pedido del Concejo, por lo tanto, apareció fuera de contexto y sin una razón administrativa clara, porque se metió en un tema que debía resolverse entre el medio y la cartera provincial.
Desde Cablecanal eso fue interpretado como un intento de que se revelaran fuentes periodísticas y de interferencia en su tarea informativa.
En ese marco, los conductores del noticiero local de Cablecanal Río Mayo, Pablo Soto Giménez y Gloria Mariel Condori, dedicaron un segmento del programa a explicar la situación y a denunciar lo que consideraron un “hostigamiento” hacia el noticiero por parte de autoridades locales.
Plantearon que el Concejo “se había metido donde no tenía competencia” y que el pedido de remitir los reclamos de los vecinos podía leerse como una forma de presión.
A partir de esas manifestaciones públicas hechas al aire, Río Mayo 1935 publicó la nota “Hostigamiento al noticiero local: repudio a los intentos de silenciar la libre expresión”, haciéndose eco de lo expresado en el noticiero y señalando la necesidad de resguardar la labor periodística y la reserva de las fuentes.
Días más tarde, la presidenta del Concejo, Silvia Muñoz, publicó en su cuenta personal de Facebook, el 4 de octubre, el mensaje:
“Pablo soto anda a cagar y conta la verdad hablan porque el aire es gratis.
Nadie silencia a nadie pero si hablas tenes que hacerte cargo de ensuciar al resto. Yo te llame y no me etendes, te escribí y no contestas, nos tenes bloqueados de las redes y jamás viniste a pedir información. No quieran victimarse, la gente sabe como son y sabe la verdad por más que se crean medios de información… no lo son son un medio de desinformación y de opinión propia. Credibilidad cero.
”Esa publicación, de carácter público y ampliamente difundida, fue mencionada en la presentación como antecedente y contexto del reclamo.
Según la interpretación del denunciante, esas expresiones lo agravian y afectan al mismo tiempo la investidura del Concejo.Durante la sesión de hoy, la nota fue leída e incorporada al expediente.
El tratamiento, en un primer momento, pareció limitarse a esa lectura: no hubo debate, no se aclaró si pasaría a comisión y la reunión continuó con el orden del día. Recién en la hora de preferencia, Pablo Soto pidió la palabra y consultó cuál sería la postura del Concejo frente a su pedido de sanción disciplinaria.
El único concejal que respondió fue Víctor Herrera, integrante de Juntos por el Cambio y hoy aliado del espacio Despierta Chubut, el mismo sector que integra la presidenta Silvia Muñoz.
Herrera explicó que, sin ánimos de entrar en debate, así como la nota de Soto citaba artículos de la ley que habilitan a sancionar, también hay artículos que respaldan a la concejal, en alusión a las garantías institucionales.
Con eso buscó descomprimir el momento y dejó planteado que el tema se iba a tratar “puertas adentro”.
Soto insistió en que no buscaba una discusión, sino una definición: saber si el Concejo se iba a expresar públicamente sobre su presentación. Herrera respondió que “seguramente” lo iban a hacer, y que, si no era dentro del recinto, al menos sería “hacia la opinión pública”.
El intercambio dejó expuesto que los mismos sectores que semanas atrás impulsaron la quita de fueros en Chubut ahora los mencionan como respaldo para una concejal del propio cuerpo.
La presidenta Silvia Muñoz no hizo declaraciones durante la sesión. A su izquierda, el asesor legal del Concejo, abogado Darío Sebastián Ruiz Hayes, tampoco emitió opinión cuando fue consultado por los cronistas de Cablecanal al finalizar la reunión.
El encuentro terminó sin definiciones sobre los pasos a seguir. No quedó claro si el expediente será girado efectivamente a la Comisión de Asuntos Legales, aunque, por procedimiento, debería ser ese el ámbito que revise la presentación y dictamine los pasos a seguir.
La sesión cerró con un clima de visible incomodidad y con la expectativa de que el Concejo informe en los próximos días si avanzará o no con el pedido de sanción.
El episodio, que combina aspectos administrativos, mediáticos y políticos, vuelve a poner en discusión los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad institucional, y refleja las tensiones que pueden surgir entre la prensa local y los poderes públicos en comunidades pequeñas.
