El juez federal Walter Lara Correa ha concedido una medida cautelar que obliga al Ministerio de Capital Humano a continuar con los programas alimentarios, tras una presentación de la UTEP y el CELS.
El juez federal Walter Lara Correa ha concedido este sábado una medida cautelar a favor de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Esta resolución obliga al Ministerio de Capital Humano a continuar con los programas y planes alimentarios para garantizar el derecho a la alimentación. El dirigente social Juan Grabois ha celebrado la medida.
Desde diciembre, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, había discontinuado el envío de alimentos a comedores, alegando auditorías e investigaciones internas. Esta situación ha generado un conflicto significativo entre el Ministerio y las organizaciones sociales, en medio de acusaciones de corrupción.
En su resolución, el magistrado ha ordenado al Gobierno “no innovar respecto de los planes y programas” actualmente vigentes. Sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas, siempre que signifiquen mejoras, la Justicia ha subrayado que “los comedores funcionan como una red de contención” para personas de grupos socialmente vulnerables y empobrecidos, que requieren cuidados especiales sin demoras.
La Justicia ha advertido a la cartera dirigida por Sandra Pettovello que debe cumplir de manera “cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna” con los programas alimentarios vigentes. Asimismo, le ha exigido un informe mensual sobre las políticas implementadas.
Juan Grabois, fundador y referente de UTEP, ha calificado la resolución como “un freno de la Justicia al plan de miseria planificada”. Ha destacado que esta medida cautelar alimentaria tiene efecto devolutivo, es decir, el cumplimiento debe hacerse efectivo durante el plazo de la apelación. En su cuenta de X (ex-Twitter), ha expresado: “Es una nueva victoria jurídica que esperamos el Gobierno acate”.
La medida cautelar también ha sido reclamada por la Defensoría Pública Oficial Federal, representada por Florencia Plazas, quien interviene en el proceso en representación de niños, niñas y adolescentes afectados por la discontinuación de los programas alimentarios.
El exprecandidato a presidente, ha recordado que desde diciembre distintos espacios comunitarios han dejado de recibir alimentos para sus comedores. En febrero, iniciaron esta acción y han denunciado penalmente a la ministra Pettovello.
Finalmente, ha concluido que la medida cautelar es un paso importante para asegurar que las partidas presupuestarias ya asignadas para los programas de alimentación sean cumplidas y los fondos entregados por el Programa de Naciones Unidas sean ejecutados. La decisión judicial llega en un contexto en el que, según datos oficiales, la pobreza ha aumentado y el empleo se ha vuelto más precario.
