El caso que conmocionó a Bariloche sumó un nuevo capítulo inesperado. Konstantin Rudnev, el líder de una secta rusa acusada de operar con fines de trata y reducción a la servidumbre, se quedó sin abogados defensores y deberá seguir detenido bajo el régimen de prisión preventiva durante al menos 60 días más.
La noticia fue confirmada oficialmente el 7 de abril, cuando la Oficina Judicial del Distrito General Roca, con sede en esta ciudad, registró la desvinculación de los abogados Leopoldo Murúa y Leonardo Chaparro. Ambos letrados habían sido contratados desde Europa por un allegado a Rudnev, pero anunciaron su salida del caso a través de redes sociales.
“La situación de extrema falta de transparencia, derivada del uso exacerbado del secreto de sumario y la incomunicación de los detenidos incluso con sus abogados, condicionó profundamente la relación profesional”,
indicaron los abogados en un comunicado publicado en Instagram.Según explicaron, su contratante —cuya identidad no trascendió— decidió prescindir de sus servicios luego de múltiples presentaciones ante el Ministerio Público Fiscal que, afirman, no fueron respondidas ni atendidas.
A eso se sumó la falta de acceso a los informes de la causa y el presunto bloqueo a la comunicación con sus defendidos, entre ellos Tamara Saburova, pareja de Rudnev y también imputada.
El revés legal para el líder de la organización coincidió con una decisión clave del juez de Garantías Gustavo Zapata, quien dictó la prisión preventiva por dos meses. Rudnev está acusado de encabezar una estructura criminal transnacional, con fines de explotación sexual, fraude migratorio y tráfico de estupefacientes.
Según la acusación, habría captado a una joven rusa de 22 años para que diera a luz en Argentina y, de esa forma, obtener la residencia local.
El nacimiento del bebé ocurrió el 21 de marzo en el Hospital Zonal de Bariloche.
La joven madre y el niño son considerados víctimas directas y están bajo resguardo, mientras que a Rudnev se le prohibió cualquier tipo de contacto con ellos, ya sea directo o indirecto.
En total, hay otras 20 personas imputadas: 19 mujeres y un hombre, todos extranjeros, quienes fueron liberados bajo estrictas medidas de coerción.
El juez les impuso la obligación de fijar domicilio, entregar sus pasaportes, presentarse semanalmente ante una comisaría y no abandonar el país.
A pesar del planteo del Ministerio Público Fiscal, el juez también ordenó la devolución parcial del dinero secuestrado durante los allanamientos, con un tope de 1.000 dólares por persona.
En esta primera etapa de la investigación, que tendrá un año de desarrollo, la fiscalía atribuyó al grupo delitos como trata de personas agravada —porque la víctima estaba embarazada, porque hubo más de tres personas involucradas y porque se logró consumar la explotación—, falsedad ideológica en grado de tentativa y sustitución de identidad de un menor.
Además, dos mujeres fueron imputadas por trasladar pastillas de cocaína desde Bariloche hacia Buenos Aires, lo que refuerza la hipótesis del funcionamiento de una red delictiva compleja, con ramificaciones que exceden lo espiritual.
Con Rudnev sin representación legal, el futuro del proceso judicial ahora enfrenta un dilema procesal: ¿quién asumirá la defensa del gurú siberiano que, además, sigue siendo buscado por la Justicia de Montenegro?
Por ahora, la trama de esta secta que operaba frente al Nahuel Huapi sigue abriéndose como una caja rusa: cada capa revela nuevas complejidades.
