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Una vez más, el Gobierno no logró avanzar con su proyecto de “inviolabilidad de propiedad privada”, que buscaba reformar la ley de Tierras

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Una vez más, el Gobierno no logró avanzar con su proyecto de “inviolabilidad de propiedad privada”, que buscaba reformar la ley de Tierras, de Manejo del Fuego y los regímenes de desalojos y expropiaciones.

Aunque logró prorrogar el tratamiento del proyecto para una posible sesión el 6 de agosto, el oficialismo tuvo que admitir el control de daños en la sesión y dejó un fuerte mensaje hacia la interna: “La decision de cómo se trabaja acá la tomamos nosotros”.

La trayectoria de intentos frustrados inició el 4 de junio, siguió el el 11 de junio, continuó el 25 de junio y culminó en esta ocasión.

Pese a eso, la caída no es la peor noticia para el oficialismo, ya que después de quince borradores de la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” el desacuerdo sobre su contenido se acrecentó y todos señalan distintas responsabilidades.

El Ministerio de Desregulación, desde donde provino el impulso del proyecto, fue el último actor que recibió con malestar la redacción final. “Cuando lo discutimos en la mesa politica estaban todos de acuerdo, pero después a Sturzenegger le disgustó”, plantearon en el Senado.

Teníamos 35 votos seguros y contábamos que ganábamos por un voto”, plantearon a este medio desde La Libertad Avanza, pero aclararon: “Con este tipo de proyectos de siete horas de debate, hay que tener un margen más amplio”.

En el PRO además coincidieron en ausencias claves desde las provincias para alcanzar la mayoría, como las de Andrea Cristina (del PRO, cerca de ser madre) y los provincialistas Edith Terenzi y Carlos Espínola.

Este último acompañó pero con disidencia el dictamen.Otra voz del oficialismo tuvo una lectura más negativa: “Perdimos los votos ahí dentro”.

Uno de sus aliados señaló para Ámbito que el Gobierno “quiere más tiempo para seguir negociando” y apuntó que hasta el partido de la Selección argentina “no ayudó” a la aprobación: “Estaba el tema Malvinas contra la venta de tierras a extranjeros”.

El bloque peronista celebró con aplausos dentro del recinto, y afuera exhibió una mirada más optimista: “Les ganábamos la votación.

Vamos a ver si para agosto algún senador se tuerce, es muy áspero votar una cosa así”.Villarruel estuvo en el foco de atención en la sesión del Senado.

Villarruel estuvo en el foco de atención en la sesión del Senado.

Desde el Gobierno también anotaron una pérdida del apoyo unánime que les ofrecía el bloque radical, cuyo comité nacional emitió un comunicado en plena sesión criticando el proyecto de reforma.

“Se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”, consideraron en el documento.

La UCR fue uno de los que más intervino sobre la redacción original del proyecto, proponiendo el debatido “silencio administrativo” y tensionando por el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble.

El oficialismo buscará insistir con la propuesta tras el receso invernal del Congreso, que se extiende hasta el 31 de julio, y lo llevará directamente a sesión sin elaborar un nuevo dictamen.

Ante ello, relativizan el Registro de Tierras Rurales, al que calificaron como “atrasado, porque no tiene todas las transacciones que se hicieron” y señalaron que la actual ley de Tierras “ya se incumple y nadie dice nada”.

El Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA avala ese planteo: existen distritos que superan la mitad de sus hectáreas en manos extranjeras, como los salteños San Carlos (59,82%) y Molinos (57,79%), el riojano General Lamadrid (56,7%), el neuquino Lácar (54,17%) y el bonaerense Campana (50,27%).

El Ejecutivo, entonces, en lugar de revertir esa tendencia planea institucionalizarla.

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